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Constituciones españolas: dos siglos de cambios, de Cádiz a 2026

Doscientos años de historia española a través de sus ocho constituciones, portada con título dorado centrado, Congreso y documentos históricos
Portada editorial original generada mediante IA. Los documentos y detalles reproducidos son recreaciones simbólicas y no facsímiles de las constituciones auténticas. La selección visual de ocho textos se complementa en el artículo con el Estatuto Real de 1834, los proyectos no promulgados y la explicación del criterio de recuento.

¿Por qué España cambió repetidamente de constitución y qué revela cada texto sobre quién podía ejercer el poder? Desde Cádiz en 1812 hasta la cuarta reforma de la Constitución actual, en 2026, la historia constitucional muestra conflictos de soberanía, monarquía, república, sufragio, derechos y organización territorial. Esta guía explica los documentos originales, sus diferencias y las circunstancias de su aprobación, sin confundir cartas otorgadas con constituciones vigentes ni proyectos que nunca entraron en vigor.

1. ¿Ocho constituciones? Lo primero es saber qué estamos contando

España ha ensayado diferentes fórmulas para limitar el poder, organizar la representación y definir los derechos de sus habitantes. El Archivo del Congreso de los Diputados ofrece una colección divulgativa con ocho textos centrales: la Constitución de 1812, el Estatuto Real de 1834 y las constituciones de 1837, 1845, 1869, 1876, 1931 y 1978. Es una selección institucional muy útil, pero no significa que los ocho documentos tengan la misma naturaleza jurídica.

El Estatuto Real de 1834 fue una carta otorgada por la Corona, no una constitución elaborada por unas Cortes constituyentes. Por eso, en esa colección aparecen siete constituciones propiamente dichas y un estatuto. La historia se amplía si incorporamos el Estatuto de Bayona de 1808, promovido bajo la intervención napoleónica, o proyectos como las constituciones de 1856 y 1873, que no llegaron a entrar en vigor.

El número de textos cambia, por tanto, según contemos normas vigentes, cartas otorgadas, proyectos o documentos jurídicamente controvertidos. Para conocer la historia constitucional española resulta más esclarecedor comparar quién hacía las leyes, quién podía votar, dónde residía la soberanía y qué libertades estaban reconocidas que insistir en una cifra sin explicarla.

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2. 1808: el Estatuto de Bayona y la intervención napoleónica

En 1808, tras las abdicaciones de Bayona y la intervención de Napoleón, se aprobó un texto destinado a organizar la monarquía de José I Bonaparte. Se conoce como Estatuto de Bayona o Constitución de Bayona. Aunque incorporaba elementos de organización política y reformas administrativas, surgió en un contexto de ocupación y guerra, con una legitimidad profundamente cuestionada y una aplicación territorial muy limitada.

No fue el resultado de un proceso constituyente comparable al de Cádiz, ni puede tratarse como antecedente directo y consensuado de la democracia parlamentaria. Su importancia radica en que muestra una vía de transformación monárquica promovida desde el entorno imperial francés frente a otra vía, desarrollada por las Cortes reunidas durante la resistencia española.

Al estudiar esta etapa conviene distinguir texto promulgado de constitución efectivamente aplicada. El Estatuto pertenece al contexto constitucional de 1808, pero las colecciones centradas en el constitucionalismo parlamentario español suelen comenzar con 1812. Es un documento de contexto, no una octava constitución añadida sin aclarar el criterio de recuento.

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3. 1812: Cádiz, «la Pepa» y la soberanía nacional

El 19 de marzo de 1812, durante la Guerra de la Independencia, las Cortes reunidas en Cádiz aprobaron la Constitución Política de la Monarquía Española. El sobrenombre «la Pepa» se relaciona con la festividad de san José. La Constitución proclamó la soberanía nacional, articuló la separación de poderes y configuró una monarquía limitada por normas constitucionales. Las Cortes fueron unicamerales.

Fue un texto extraordinariamente extenso, con 384 artículos, en el que se regulaban instituciones y materias que hoy podrían encontrarse en leyes ordinarias. Establecía un sistema representativo indirecto y reconocía libertades y garantías, pero mantenía expresamente la religión católica como única permitida. Tampoco equivalía a una democracia con sufragio universal igualitario: las reglas de ciudadanía y representación excluían a grupos de la población, y la presencia femenina en la vida política no se tradujo en voto parlamentario.

Fernando VII la derogó en 1814. Volvió a estar vigente durante el Trienio Liberal, entre 1820 y 1823, y de nuevo de 1836 a 1837. Su trayectoria fragmentada demuestra que una constitución puede ser derogada y restaurada: no basta con calcular su vigencia restando el primer y último año. Cádiz fue también un punto de referencia para movimientos liberales a ambos lados del Atlántico, donde coexistían aspiraciones políticas e intereses imperiales muy diferentes.

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4. 1834: Estatuto Real, una carta otorgada y no una constitución plena

Tras la muerte de Fernando VII en 1833 y en el contexto de la regencia de María Cristina, se promulgó el Estatuto Real de 10 de abril de 1834. Su función principal era regular la convocatoria y organización de unas Cortes divididas en dos estamentos: el de Próceres y el de Procuradores.

El documento, de 50 artículos, no contenía una declaración sistemática de derechos ni afirmaba que la soberanía residiera en la nación. Dependía de la iniciativa de la Corona y dejaba a la monarquía amplios resortes de control. Por eso los historiadores constitucionales lo describen como carta otorgada o texto cuasiconstitucional, no como una constitución democrática emanada de la soberanía popular.

Su importancia, pese a estas limitaciones, reside en que permitió reabrir una vida parlamentaria bajo determinadas condiciones en plena crisis dinástica y guerra carlista. El conflicto entre moderados y progresistas, junto con las demandas de mayor representación, condujo a una nueva ruptura política en 1836. No debe confundirse con la Constitución nonata de 1856, que pertenece a otro momento.

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5. 1837: una constitución de compromiso entre los liberales

La Constitución de 18 de junio de 1837 sustituyó la experiencia del Estatuto Real y se inspiró parcialmente en Cádiz. Su principal novedad fue combinar principios progresistas con soluciones capaces de atraer a sectores liberales moderados. Reconoció de modo más sistemático garantías como la libertad de imprenta, la inviolabilidad de domicilio y ciertos derechos de protección jurídica.

Introdujo unas Cortes bicamerales, con Congreso de los Diputados y Senado, y mantuvo facultades significativas de la Corona, incluida la intervención en la actividad legislativa y la designación de senadores dentro del sistema previsto. El sufragio seguía condicionado por leyes electorales censitarias, de forma que gran parte de la población no participaba en la elección de representantes.

El contexto fue la construcción conflictiva del Estado liberal, no una transición pacífica y lineal. Para entenderla importa tanto el artículo escrito como la práctica de las elecciones y las intervenciones de la Corona y el Ejército en la vida política. La Constitución estuvo vigente hasta 1845, cuando el triunfo moderado impulsó una nueva reforma de conjunto.

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6. 1845: la monarquía moderada y la soberanía compartida

La Constitución de 23 de mayo de 1845 reflejó el predominio de los moderados durante el reinado de Isabel II. Frente a la formulación liberal más abierta de 1837, consolidó la idea de una soberanía articulada por la Corona y las Cortes. El monarca disponía de importantes atribuciones y el Senado quedaba configurado mediante nombramientos reales.

El texto reforzó la confesionalidad católica y dejó amplios márgenes de regulación de derechos a la legislación ordinaria. En la práctica, el sufragio censitario redujo el cuerpo electoral a una minoría. Esta circunstancia es esencial: tener Cortes y una constitución no implicaba que toda la población pudiera decidir quién gobernaba.

La Constitución de 1845 permaneció como marco formal durante buena parte del reinado, aunque los cambios políticos, las interrupciones y las medidas excepcionales muestran la distancia que podía existir entre el texto legal y el funcionamiento de las instituciones. El Bienio Progresista intentó sustituirla mediante un nuevo proyecto que nunca llegó a entrar en vigor.

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7. 1856: la Constitución «nonata» que nunca llegó a regir

Durante el Bienio Progresista de 1854–1856 se redactó y discutió una constitución orientada a modificar el sistema político de la época. El proyecto recogía aspiraciones de ampliar garantías y redefinir las relaciones entre la Corona y las Cortes. Se conoce como la Constitución nonata de 1856 precisamente porque no llegó a promulgarse ni entrar en vigor.

Un error frecuente consiste en colocarla en tablas de «constituciones vigentes» como si hubiera gobernado España durante algunos años. Su valor es otro: constituye una fuente para comprender las propuestas que llegaron a debatirse y las alternativas políticas disponibles, incluso cuando no consiguieron convertirse en derecho aplicable.

La comparación entre un proyecto y un texto vigente puede enseñar más que una sucesión de fechas. ¿Qué reformas estaban dispuestos a impulsar los progresistas? ¿Qué resistencias encontraron? ¿Qué aspectos del modelo moderado permanecieron? Son preguntas que el archivo parlamentario permite explorar sin confundir el resultado de una votación con su promulgación y aplicación.

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8. 1869: la Revolución Gloriosa y una amplia declaración de derechos

La revolución de septiembre de 1868, conocida como la Gloriosa, puso fin al reinado de Isabel II y abrió el Sexenio Democrático. Las Cortes Constituyentes aprobaron la Constitución de 1 de junio de 1869, que reconoció una amplia declaración de derechos y libertades y afirmó la soberanía nacional.

El texto se asoció a la extensión del sufragio universal masculino para la elección de representantes y reconoció la libertad de cultos, en un cambio sustancial respecto de la confesionalidad de períodos anteriores. Es imprescindible escribir «masculino»: no concedió el voto a las mujeres. La forma de gobierno prevista era monárquica, lo que desembocó en la búsqueda de un rey y el reinado de Amadeo I.

La Constitución de 1869 no fue una constitución republicana, aunque el período abierto por la revolución culminara en la proclamación de la Primera República en 1873. Su estudio ayuda a distinguir los derechos reconocidos, las reglas de representación y el régimen político real que llegó a desarrollarse en circunstancias de gran inestabilidad.

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9. 1873: la Primera República y el proyecto federal

La Primera República fue proclamada en febrero de 1873, tras la abdicación de Amadeo I. Durante aquel año se elaboró un proyecto de constitución federal que imaginaba una organización distinta del Estado, con una distribución territorial del poder que rompía con fórmulas anteriores.

Sin embargo, el proyecto no llegó a convertirse en una constitución vigente. La inestabilidad política, los conflictos armados y los cambios de gobierno impidieron su culminación. Presentarlo como una constitución aplicada entre 1873 y 1874 distorsionaría la historia de las instituciones republicanas.

El documento sigue siendo fundamental para estudiar el debate entre federalismo y centralización, la naturaleza de la soberanía y los problemas de articulación territorial que atravesaron el siglo XIX. También recuerda que la historia constitucional incluye propuestas derrotadas, proyectos abandonados y opciones políticas que no se materializaron.

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10. 1876: la Restauración y el sistema de alternancia

La Constitución de 30 de junio de 1876 dio forma jurídica a la monarquía de la Restauración, después del retorno de los Borbones con Alfonso XII. Fue un texto relativamente flexible, concebido para permitir que distintos gobiernos liberales y conservadores desarrollasen sus políticas dentro de un marco institucional compartido.

La Corona conservaba importantes poderes y las Cortes eran bicamerales. El Estado mantenía su carácter católico, con determinadas formas de tolerancia privada de otros cultos. Existía una declaración de derechos, pero su ejercicio podía depender de legislación posterior. En materia electoral, la extensión del sufragio masculino tuvo una evolución propia, y la ley de 1890 restableció el sufragio universal masculino para las elecciones al Congreso.

El llamado turnismo entre partidos dinásticos estuvo acompañado por redes de caciquismo e intervención electoral, que condicionaban la expresión de la voluntad política. La constitución no puede estudiarse sin estas prácticas. Su funcionamiento ordinario quedó suspendido en 1923 con la dictadura de Primo de Rivera, aunque la monarquía persistió hasta 1931. No debe describirse 1923 como una derogación idéntica a las de otras épocas sin explicar la suspensión institucional.

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11. 1931: Segunda República, derechos y sufragio femenino

La Constitución de la Segunda República fue aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931. Definió a España como una república democrática, reconoció derechos individuales y sociales y estableció la ausencia de religión oficial del Estado. Abrió asimismo la posibilidad de regiones autónomas mediante procedimientos constitucionales.

Uno de sus hitos centrales fue el artículo 36, que reconoció el sufragio a ciudadanas y ciudadanos mayores de veintitrés años. Las mujeres ejercieron por primera vez el voto en unas elecciones generales españolas en noviembre de 1933, aunque existían precedentes limitados y excepciones electorales que deben distinguirse. Clara Campoamor desempeñó un papel decisivo en la defensa parlamentaria de este derecho; el debate también reflejó desacuerdos políticos y sociales entre partidarios de la República.

El texto estableció garantías institucionales y mecanismos para interpretar la constitucionalidad. Su aplicación se desarrolló en un contexto de intensa polarización, reformas, conflictos y, finalmente, guerra civil desde 1936. El Congreso sitúa la vigencia de la Constitución republicana hasta 1939, pero no debe confundirse la vigencia jurídica declarada con el control efectivo de todo el territorio durante el conflicto.

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12. 1939–1975: las Leyes Fundamentales del franquismo

La dictadura franquista no se organizó mediante una constitución democrática comparable a las de 1931 o 1978. El régimen articuló su organización mediante sucesivas Leyes Fundamentales, entre ellas el Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes, el Fuero de los Españoles, la Ley de Sucesión y la Ley Orgánica del Estado.

Estos instrumentos no establecían una soberanía popular ejercida mediante elecciones competitivas y pluralismo partidista. La concentración del poder en Francisco Franco, la ausencia de libertades políticas equivalentes a las de una democracia parlamentaria y la represión de la oposición son elementos indispensables para entender el período. Una lista constitucional que salta directamente de 1931 a 1978 corre el riesgo de borrar casi cuatro décadas de historia institucional.

La transición posterior utilizó vías jurídicas de reforma y ruptura política, especialmente la Ley para la Reforma Política de 1977. Ese proceso abrió la convocatoria de elecciones democráticas y la elaboración de una nueva constitución, sin que sea riguroso atribuirlo a una simple continuidad de las instituciones franquistas.

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13. 1978: el consenso constitucional y el Estado democrático

Tras las elecciones del 15 de junio de 1977, las Cortes elegidas elaboraron la Constitución actual. El Congreso y el Senado aprobaron el texto el 31 de octubre de 1978. La ciudadanía lo ratificó en referéndum el 6 de diciembre de 1978, fue sancionado el 27 de diciembre, se publicó en el BOE el 29 y entró en vigor ese mismo día.

Su artículo 1 define España como un Estado social y democrático de derecho y establece la monarquía parlamentaria como forma política. La soberanía nacional reside en el pueblo español. La Constitución reconoce derechos fundamentales, configura un sistema de separación de funciones, establece las Cortes Generales y regula la organización territorial, incluido el acceso a la autonomía de nacionalidades y regiones.

La Constitución no debe describirse como una reproducción sin cambios de la de 1931 ni como un documento congelado desde 1978. Su aplicación ha requerido legislación, interpretación del Tribunal Constitucional, acuerdos políticos y reformas. Una lectura histórica equilibrada reconoce el logro de instaurar un marco democrático y permite estudiar las controversias reales sobre distribución territorial del poder, derechos y representación.

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14. Las cuatro reformas de la Constitución de 1978 hasta 2026

La Constitución española ha sido reformada en cuatro ocasiones hasta noviembre de 2026, según el Congreso de los Diputados y el texto consolidado del Boletín Oficial del Estado. Es importante actualizar las listas que todavía enumeran únicamente tres reformas.

AñoArtículoCambio principal
199213.2Posibilitó el sufragio pasivo en elecciones municipales para extranjeros en los términos constitucionales y legales correspondientes, en el contexto del Tratado de Maastricht.
2011135Reformuló las reglas constitucionales de estabilidad presupuestaria y deuda pública.
202449Actualizó el lenguaje y el enfoque constitucional de los derechos de las personas con discapacidad.
202669.3Separó Ibiza y Formentera en dos circunscripciones a efectos de la elección de senadores.

La cuarta reforma fue sancionada el 19 de mayo de 2026 y publicada en el BOE del 20 de mayo. Una imagen o un manual que se detenga en la reforma de 2024 ya no reproduce por completo la historia de la Constitución vigente en 2026. Para conocer la redacción aplicable debe consultarse el texto consolidado del BOE, no únicamente un facsímil de 1978.

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15. Tabla comparativa: soberanía, sufragio y forma de Estado

TextoCarácter y soberaníaRepresentación y derechos
1808, BayonaEstatuto promovido bajo la intervención napoleónicaAplicación limitada y legitimidad controvertida
1812, CádizSoberanía nacional y monarquía constitucionalCortes unicamerales, representación indirecta y confesionalidad católica
1834, Estatuto RealCarta otorgada por la CoronaCortes estamentales, sin declaración sistemática de derechos
1837Monarquía constitucional liberalDos cámaras y derechos reconocidos; sufragio censitario
1845Monarquía moderada y soberanía compartidaPapel reforzado de la Corona; sufragio restringido
1869Soberanía nacional y monarquía constitucionalAmplios derechos y sufragio universal masculino
1876Monarquía de la RestauraciónMarco flexible, elecciones condicionadas por el sistema político
1931República democráticaDerechos sociales, laicidad y sufragio femenino reconocido
1978Estado social y democrático, monarquía parlamentariaSufragio universal adulto, derechos fundamentales y Estado autonómico

La tabla resume categorías complejas. Las reglas electorales concretas y la aplicación efectiva de los derechos dependen también de legislación, contexto y práctica institucional.

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16. Línea del tiempo: más de dos siglos de cambios políticos

FechaAcontecimiento
1808Estatuto de Bayona y Guerra de la Independencia
19 marzo 1812Constitución de Cádiz
1814Fernando VII deroga la Constitución de 1812
1820–1823Restablecimiento de Cádiz durante el Trienio Liberal
10 abril 1834Estatuto Real
18 junio 1837Nueva constitución liberal
23 mayo 1845Constitución moderada
1856Proyecto constitucional nonato
1 junio 1869Constitución del Sexenio Democrático
1873Proyecto de Constitución federal de la Primera República
30 junio 1876Constitución de la Restauración
1923Dictadura de Primo de Rivera y suspensión del régimen parlamentario ordinario
9 diciembre 1931Constitución de la Segunda República
1936–1939Guerra Civil y fin del régimen constitucional republicano en el territorio español
1939–1975Dictadura franquista y Leyes Fundamentales
6 diciembre 1978Ratificación popular de la Constitución vigente
1992, 2011, 2024, 2026Cuatro reformas constitucionales

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17. Guía práctica: cómo leer una constitución como historiador

  1. Comprueba la naturaleza del documento. Una constitución promulgada, una carta otorgada y un proyecto sin vigencia son fuentes diferentes.
  2. Identifica la fecha y la vigencia real. Cádiz entró en vigor varias veces; 1856 y 1873 no llegaron a aplicarse como constituciones.
  3. Busca la soberanía. ¿Se atribuye a la nación, al pueblo, a la Corona o aparece formulada de modo compartido?
  4. Observa la representación. ¿Hay una o dos cámaras? ¿Quién puede elegir diputados? ¿Cómo se forma el Senado?
  5. Lee los derechos junto a sus límites. Comprueba libertad religiosa, expresión, igualdad jurídica, derechos sociales y las leyes que podían restringirlos.
  6. Distingue norma y práctica. Una promesa constitucional no prueba por sí sola libertad electoral, igualdad social ni ausencia de represión.
  7. Consulta fuentes originales. El Congreso conserva y digitaliza ejemplares y ofrece estudios históricos; el BOE permite consultar la Constitución vigente con sus reformas.

Ejercicio de comparación: contrasta el tratamiento de la religión en 1812, 1869, 1931 y 1978. Después estudia quién podía votar en 1837, 1869, 1931 y 1978. Así se entienden los cambios históricos sin reducirlos a la memorización de fechas.

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18. Preguntas frecuentes y conclusiones

¿Cuántas constituciones ha tenido España?

Depende del criterio. El Congreso destaca ocho textos de 1812 a 1978, pero uno es el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada; además pueden estudiarse Bayona de 1808 y proyectos que no entraron en vigor. Conviene indicar siempre qué se está contando.

¿La Constitución de 1812 estuvo vigente de manera continua?

No. Tuvo tres períodos: 1812–1814, 1820–1823 y 1836–1837.

¿Qué significa que una constitución sea nonata?

Que llegó a elaborarse como proyecto pero no se promulgó ni entró en vigor, como ocurrió con la de 1856.

¿Cuándo se reconoció el voto femenino en una constitución española?

La Constitución de 1931 lo recogió en su artículo 36; las mujeres participaron en las elecciones generales de noviembre de 1933.

¿Cuándo entró en vigor la Constitución actual?

El 29 de diciembre de 1978, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado.

¿Cuántas veces se ha reformado hasta 2026?

Cuatro: 1992, 2011, 2024 y 2026.

¿Es lo mismo el Estatuto Real de 1834 que una constitución democrática?

No. Fue una carta otorgada que organizó unas Cortes y no derivaba de un proceso constituyente comparable al de 1812 o 1978.

Conclusión histórica. Las constituciones españolas no forman una escalera de progreso automático: nacieron de guerras, revoluciones, pactos, restauraciones, dictaduras y cambios sociales. Cada una refleja una respuesta distinta a los problemas de soberanía, libertades, religión, territorio y representación. Leerlas como documentos de su tiempo, y no como meras fechas de examen, permite comprender mejor la vida política española y las posibilidades de participación de sus habitantes.

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Textos originales y bibliografía institucional

La selección del Congreso incluye reproducciones digitalizadas de documentos de 1812, 1834, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931 y 1978. Para verificar las reformas de la constitución vigente debe consultarse también el BOE.

Para comprender cómo funciona hoy el sistema parlamentario: Investidura del presidente del Gobierno: mayorías, votaciones y plazos. También puedes consultar Clara Campoamor y el sufragio femenino en España, una historia clave de la participación política.

Artículo revisado y actualizado en 2026.


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