La rocambolesca historia de 18 cascos de origen celtíbero procedentes, según los expertos, del yacimiento zaragozano de Aranda de Moncayo, sigue alimentando el conflicto entre historiadores, arqueólogos y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El motivo: el conjunto está siendo subastado, con cuentagotas, en diferentes ciudades europeas sin que el Ministerio haya mostrado excesivo interés por el conjunto.

En 2008, cuando se puso a la venta la enorme colección del magnate de la construcción alemán Axel Guttmann, el museo Römisch-Germanisches-Zentralmuseum (RGZM) denunció que entre los objetos había piezas procedentes de España exportadas ilegalmente, entre ellas el conjunto de cascos, además de espadas, puñales y lanzas. La fiscalía de Múnich retuvo las piezas y solicitó al Gobierno español que reclamara su legítima propiedad en tres meses. No hubo respuesta. Después, en 2009 y 2010 se volvieron a subastar otros cascos, una venta que, de nuevo, denunció el RGZM, sin que tuviera ninguna consecuencia, por los que los cascos pasaron a manos de un museo francés y varios coleccionistas españoles. El pasado 25 de octubre Christie’ s de Londres vendió un nuevo lote, formado por tres cascos más, que alcanzaron un precio final de 90.000 euros. Nadie lo impidió.

Mientras los especialistas aseguran que no se está haciendo nada para evitar la pérdida de este patrimonio, el Ministerio de Cultura niega su responsabilidad y mantiene que “la justicia pide pruebas concluyentes del origen español de las piezas, algo que no se ha podido determinar”. Sin embargo, para Raimon Graells y Michael Müller-Karpe, especialistas del RGZM, “no hay duda de que los cascos fueron producidos en España entre los siglos IV y II a.C.”, y lamentan que el Ministerio no se lo crea.

Graells defiende que son producciones peninsulares, de las que se conocen una treintena de ejemplares en total, por lo que, sostiene, “estos cascos hacen cambiar el discurso histórico”. Graells, junto a Alberto Lorrio, catedrático de la Universidad de Alicante y Fernando Quesada, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, denunciaron en marzo la falta de interés del Ministerio. Pese a este origen peninsular, la sala de subastas presentó las tres piezas en su catálogo como griegas. «Una estrategia del comercio ilegal de antigüedades consiste en atribuir un origen a los objetos con el mínimo de precisión posible, diluyendo la posibilidad de precisar el verdadero origen», destaca Müller.

“Mandamos un dossier completo al Ministerio, al gobierno de Aragón y a la Fiscalía de Medio Ambiente, con toda la información. No se han vuelto a poner en contacto con nosotros”. En cuanto al gobierno aragonés, lamenta que la comisión que se creó en marzo no haya tenido resultados. La consejería de Cultura aragonesa no ha respondido a las preguntas de este diario sobre el tema. Por su parte, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, que abrió diligencias en octubre de 2011 para depurar responsabilidades, asegura, pasado un año, que está esperando los informes que pidieron a la fiscalía alemana, para esclarecer los hechos. Caso abierto, pues.